La fiscal acaba ‘el calvario del caso Espolón’ manteniendo con firmeza las 18 peticiones de condena

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 8 de febrero de 2022, MARTES.

La representante del ministerio público utilizó ese calificativo y el de “espanto”, por su alto volumen (76 tomos con más de treinta y cinco mil folios), la preparación de una causa en la que considera no ha escatimado reproches contra el guardia civil y el funcionario del juzgado que figuran entre los encausados. Piden penas de prisión para todos los que están sentados en el banquillo, incluidos (aunque más suaves) los cuatro con los que hay sentencias de conformidad. Ha señalado en sus conclusiones que hay pruebas e indicios sin necesidad de recurrir a las controvertidas grabaciones telefónicas y culpa a los abogados defensores de la dilación del proceso judicial. Hoy toca el turno de los abogados defensores para sus exposiciones.

El macrojuicio por el caso Espolón regresó ayer a la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, con una sesión que superó las dos horas y media (acabó a las 19.39 horas) con la fiscal exponiendo sus conclusiones, en las que considera que son culpables los 18 encausados, en diferentes niveles, de una gran operación de droga que no se llegó a consumar (iba a venir a Cartagena un barco con un centenar de kilos de cocaína adosado en su casco) y en el que también hay delitos paralelos independientes por narcotráfico, además de otros procesos judiciales que se ha separado.

Cabe recordar que la validez de las grabaciones telefónicas están impugnadas por los abogados defensores, por lo que la fiscal reiteró varias veces que sus conclusiones está basadas en otras pruebas, siendo reforzadas por esas conversaciones.

Para José Antonio (alias ‘Jacobo’) pide la condena mayor, con 13 años de cárcel y 10.800 euros de multa, considerando la fiscal que son bastantes las pruebas que reflejan su protagonismo en este asunto, siendo el enlace entre Cartagena y la parte colombiana de Madrid, junto a su papel de dirigente en esta zona y encargado de la logística.

Para el guardia civil procesado por colaborar con esta supuesta red, se piden 14 años de prisión más una multa de 8.640 euros. La fiscal ha remarcado que tener a “un guardia civil comprado es un filón y todos los sabían, por lo que todos los implicados colaboraron en esa situación”, remarcando que es contundente en pedir su condena “por prestarse a actos que pisotean el código penal”.

El mayor tiempo (casi hora y media) lo ha empleado en el funcionario del juzgado de Cartagena procesado. Sobre las pruebas, ha dicho que las hay, incluso, en su declaración en el juzgado, “pues cuando su abogado le preguntó si ratifica lo que dijo cuando fue detenido, introdujo en su respuesta elementos condenatorios”, ha dicho, además de asegurar que es totalmente falso que fuese drogado, como afirmó. “Falta a la verdad”, aseguró. “Era un señor vinculado a las drogas, clubes de alternes y a actividades delictivas, siendo un informador judicial que conviene tener, como dijeron de él en una conversación ‘Jacobo’ y otros implicados”, ha dicho. También ha asegurado que el funcionario hizo “uso y abuso del Minerva”, que es el sistema informático de actual sistema judicial.

Sobre los cuatro encausados que han alcanzado condenas de conformidad con la Fiscalía, y que en su declaraciones confirmaron la existencia de la trama, ha dicho la representante del ministerio fiscal: “¿Cómo se puede pensar que se han inventado lo que han dicho cuando resulta que sus palabras casan con los datos?”, añadiendo que en todo este proceso “hay pruebas e indicios, pero nada de explicaciones”.

La jurista ha mostrado su oposiciones de que se aplique, en el supuesto de una condena, la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial no achacables a los acusados, pese a que hayan transcurrido casi nueve años desde la operación de los cuerpos de seguridad. “El retraso está causando por lo recursos y más recursos y por escritos de cuestiones de competencia por parte de los abogados defensores, situación de la que la Fiscalía avisaba y se le decía de todo. La causa no ha estado parada, sino tramitándose, por lo que no puede decirse de aplicar las dilaciones, pues sería imputable a las defensas”.

Durante esa exposición es cuando la fiscal ha dicho que toda la preparación de una causa con más de treinta y cinco mil causas “ha sido un calvario, un espanto, con miles de datos que, además de este proceso, ha provocado otras dos causas, una por blanqueo de capitales y otra relacionada con el funcionario del juzgado”.

Hoy, a las cuatro, comenzarán sus exposiciones los abogados defensores ante el tribunal integrado por Jacinto Aresté, Matías Soria y José Francisco López.

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