Los defensores del 'caso Espolón' insisten en la ilegalidad de la investigación y critican a la Fiscalía
El macrojuicio que tiene como eje principal un plan para traer droga adosada en un barco que iba a llegar a Escombreras desde Perú, lo que no se llegó a producir, acogió ayer el primer capítulo de las conclusiones de los abogados de los 18 procesados. Piden que sus clientes sean absueltos por falta de pruebas y mantienen la petición de nulidad de un proceso que consideran viciado desde su inicio. Además, acusan al ministerio público de forzar y de faltar a la verdad en el relato de los hipotéticos hechos para mantener la acusación. Esta tarde continúan las exposiciones de los letrados defensores.
La sesión de ayer de cuatro horas en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, se inició con el letrado José María Caballero, quien representa a alias 'Jacobo', que es el acusado principal, y también a su esposa y a Juan M.F.F. "Falta prueba suficiente para desvirtuar sus inocencias", recordando que sólo se consideran como 'prueba' las que llevan "las garantías procesales", en referencia a que se mantiene la nulidad de las obtenidas, entre otras, por las grabaciones. Sobre el fondo del asunto, expuso que todavía no se sabe "ni la cantidad exacta de droga, ni de qué barco se trataba, ni de qué país iba a venir... No se sabía nada, en todo este largo proceso estamos al final del proceso como al principio, y lo que se sabe es por lo que han dicho los acusados con los que se ha llegado a un acuerdo para sentencias de conformidad, que tendrán una rebaja sustancial de sus condenas", apuntando que a uno de ellos, Javier R.M. (alias Miguel Ángel), le pedían "similar condena que a mi cliente y se va a quedar en cuatro años y medio de cárcel y con un tercer grado inmediato, por lo que, cuando se haga la refundición de penas, enseguida estará fuera". Para concluir, afirmó que se quiere dar "a todo esto una apariencia de realidad que no se corresponde, habiéndose vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y, por tanto, los derechos fundamentales de mis patrocinados. Además, se han alterado los contenidos de conversaciones por el interés de lo que se perseguía. Ha sido una constante y se ha hecho a propósito", afirmó. También planteó que, en el hipotético supuesto de una condena, sí habrá que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.
Cuatro letrados más intervinieron y todos se adherieron a los planteamientos expuestos por el primer abogado que intervino, aportando comentario concretos de sus clientes, afirmando todos que son inocentes y poniendo en duda todo el proceso, desde el inicio de la investigación. Uno recordó que el asunto fue sobreseído al principio por el juzgado con fecha 19 de diciembre de 2012, añadiendo que el auto primigenio debe declararse nulo y que de ahí surgen las ilegales escuchas telefónicas, afirmó. Otro letrado que ha "faltado motivación desde el auto inicial" y también se dijo que han existido "fallos en la investigación por parte de la Guardia Civil". Jesús Gómez, por su parte, aseguró que es un procedimiento "cargado de incoherencias que, al igual que las grabaciones, debe declararse nulo".
El abogado del guardia civil encausado afirmó que no existen pruebas de cargo "y las que pudieran existir están obtenidas ilícitamente para desvirtuar su inocencia". También se sumó a las críticas hacia las conclusiones presentadas por el ministerio público, rechazando que no tuvo que recurrir a las grabaciones ambientales, "pues de ahí sale gran parte del escrito de acusación. Además, sin ellas, basadas en un auto que debe ser nulo, no hubiese avanzado la investigación". También dijo que la Fiscalía, con o sin intención, "ha faltado a la verdad y ha ofrecido maniobras de despiste para aparentar que no extrae información de la microfonía". Su exposición la terminará esta tarde, cuando se reanude la fase final del juicio. Después intervendrán el resto de letrados que faltan por hacerlo.
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