Caso Espolón: “Me han destrozado la vida”, afirma el funcionario del juzgado encausado

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 10 de febrero de 2022, JUEVES.

M.I.V. insiste en su inocencia en el uso del derecho a la última palabra, en la que reiteró que es inocente y acusa a los investigadores de “faltar a la verdad”, mientras que su abogado considera que se le ha mantenido la acusación “de forma temeraria”. Sus manifestaciones tuvieron lugar en el final de un juicio que comenzó en octubre de 2021 y que esta semana ha quedado visto para sentencia.

Se acabó. El juicio por el caso Espolón, en el que hay 18 personas encausadas, ha llegado a su final tras más de quince sesiones desde octubre, además de suspensiones por muy diversos motivos, incluidas. Ahora, el tribunal integrado por Jacinto Aresté, José Francisco López y Matías Soria es el que tiene que ver las pruebas y tomar, en forma de sentencia, una decisión sobre la responsabilidad o no de los acusados en los hechos que se han juzgado.

Esta última semana ha acogido las conclusiones acusadoras de la fiscal y las absolutorias presentadas por las defensas. La última sesión comenzó con el final de la exposición del abogado que representa al guardia civil procesado. Tuvo que hacerlo por vídeoconferencia, pues después de su presencia en sala el día anterior, dio positivo en COVID-19. El letrado, al igual que todos los defensores, insistió en la nulidad de las grabaciones, de las intervenciones telefónicas y de la mensajería por bluckberry. “Los hechos que se han presentado no cuentan con pruebas logradas lícitamente”, expuso, añadiendo que, además, son pruebas “que no acreditan en nada el papel que se le adjudica a mi representado”. Entre otras consideraciones, respondió a la afirmación de la fiscal de que con el lucro obtenido, su cliente se había operado la vista. “Es falso, como demuestra que usa lentillas”, dijo. También hizo hincapié en la importancia que han tenido los pactos con cuatro encausados para la acusación, dando a entender que las declaraciones están marcadas por los beneficios obtenidos.

Después expuso sus consideraciones Juan Francisco Pérez Avilés, abogado del funcionario del Palacio de Justicia encausado. Reiteró la nulidad de grabaciones y del auto de 7 de febrero de 2013 que autorizó los ‘pinchazos’ a su cliente. Sobre la base de la acusación, dijo que la fiscal la basa “en fragmentos parciales, manipulaciones, afirmaciones falsas sobre los oficios emitidos, mezcla de otros procedimientos de mi representante que no son objeto de esta causa… y negando resoluciones judiciales firmes. Se ha intentado contaminar a la sala hacia mi representado con subjetividad y parcialidad mostrada por el Servicio de Asuntos Internos”, el SAI, que es de donde partieron las sospechas de todo este asunto. “Se ha buscado la condena a costa de lo que sea”, añadiendo que no existe “certeza en nada de lo que se trata de inculpar a mi cliente, quedando acreditada su absolución. Tras 15 meses de secreto de las actuaciones y 9 años desde que se inició la investigación, estamos al igual que al principio”, dijo, afirmando que la Fiscalía “ha mantenido las acusaciones de forma temeraria”.

También intervinieron los restantes abogados que quedaban por efectuar sus conclusiones. Con el factor común de exponer la petición de nulidades, la vulneración de derechos fundamentales, la inmotivación de autos y de justificar los incrementos patrimoniales. También coincidieron varios en que tras el plenario “ni hay buque ni droga”. Entre algunos ejemplos de las defensas, l letrado de alias ‘Tita’ afirmó que es falso que “sea jefa de nada, no tiene antecedentes y nada la involucra con la investigación”. Cerró el abogado de J.E.E. “No conoce ni tiene relación con nadie de este asunto y fue encausado sólo por ser cuñado de un imputado”. Es otro ejemplo.

Y llegó el capítulo final, que es el derecho a hacer uso de la última palabra. No lo hicieron los cuatro que han alcanzado conformidades de condena y, de forma voluntaria, varios encausados pendientes de sentencia. El identificado por el alias ‘Jacobo’, principal procesado, pidió perdón por los impulsos que tuvo durante el juicio “por las mentiras que escuchaba” y dijo que la Fiscalía “sostiene su acusación por el trato alcanzado con J.M. R.M., quien vino con un guión”. El guardia civil, por su parte, ofreció quitarse las lentillas para demostrar que no se ha operado de la vista. G.I.C. aseguró que nunca ha estado en Colombia ni ha tenido una blackberry.

Muy amplio fue el tiempo empleado en su turno por el funcionario de justicia. “El SAI me incluyó en este asunto por una grabación en la que no figuran palabras dichas por mí, y después han hecho un corta y pega de la misma grabación en los cinco oficios solicitados, en lo que es una sucesión de ilegalidades, pues la ley dice que para conceder una prórroga debe haber algo nuevo. Se han vulnerado los derechos, incluso el de mi esposa accediendo a su correo electrónico”, afirmó. Continuó diciendo que no esperaba que el agente instructor de la Guardia Civil faltase “a la verdad en varias ocasiones. Tenía 70 agentes y en sala echó la responsabilidad al juez”. También respondió a que se cuestione que mintió en sus declaraciones. “No lo he hecho, he venido con la verdad y, además, he justificado documentalmente hasta el último euro ganado estos años”, rechazando que sus ingresos no se correspondan con el patrimonio que tiene, como expresó la Fiscalía. El funcionario llamó la atención del tribunal sobre ‘algo raro’ que había observado durante el largo juicio: “El instructor del SAI hizo alusión a algo dicho únicamente en sala, cuando no debía haber salido de aquí”. Terminó diciendo que este asunto “me ha destrozado la vida y me ha llevado a estar en tratamiento psiquiátrico. He tenido que cerrar los dos negocios que tenía, he tenido problemas familiares, he entrado en una lamentable situación económica… Ahora sólo pido que funcionen los filtros constitucionales, pues sigo confiando en ellos aunque he sufrido esta desgracia”.

Tras tres horas y media, la sesión final llegó a su cierre manteniendo la fiscalía las peticiones iniciales de condena, salvo en los cuatro casos de acuerdos, y las defensas la solicitud de que sus clientes sean absueltos. El caso Espolón ha quedado visto para sentencia.